La gota que rebosó...
La aplicación del decreto 2235 del 2012 que ordena la destrucción de maquinaria pesada en operaciones de extracciones de minerales que no cuenten con título minero y/o licencia ambiental, le da trato de criminales a mineros informales, artesanales e incluso aquellos que están en vía de formalización.El caso del bajo valle antioqueño es representativo, 400 efectivos policiales de la DIJIN inmovilizaron un buldózer, dos dragas, incautaron 1.600 galones de combustible y 102 libras de mercurio, y capturaron a 16 personas acusadas de minería ilegal. La operación policial, que se llevó a cabo en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el mismo Presidente Juan Manuel Santos, fue publicitada como un positivo digno de mostrar (Ver: http://tinyurl.com/md99t4q).
Tiempo después se conoció que los "criminales" capturados en la operación Dorado resultaron ser mineros informales agremiados en una asociación de mineros del bajo Cauca, una organización que tiene el reconocimiento de la secretaría de minas de Antioquía por ser una agremiación que, en palabras de la propia secretaria Claudia Cadavid Marquez, tiene "conciencia sobre el compromiso con la legalidad y el medio ambiente y muchas de las 25 minas que comenzaron el proceso, están pagando regalías a los municipios de manera adecuada, a pesar de ser unidades sin título" (Ver: http://tinyurl.com/lo39z23). Fueron estos mismos mineros quienes mediante un recurso de tutela, buscaron salvar su maquinaria de la destrucción que ordena el decreto 2235. Casos como este se reproducen por toda la geografía colombiana.
En consecuencia, la confusión que generó el gobierno de poner en una misma bolsa a criminales y a mineros sin título fue tal, que al propio presidente le correspondió salir a explicar lo que era obvio, "la lucha es contra la minería criminal y no contra los mineros artesanales". Sin embargo, dejó claro que la destrucción de la maquinaria no tendria reversa y los daños co-laterales ocasionados a los mineros pequeños serían compensados por otras "ayudas" que no fueron especificadas.
De ahí que Conaminercol -organización vocera del paro- plantee en su pliego de petición que el gobierno debe "incorporar al ordenamiento jurídico de manera inmediata una norma que haga diferencia entre la minería informal y la minería ilegal", pues la conceptualización de la minería informal permitiría un reconocimiento por parte del Estado del derecho a la existencia de una actividad de extracción pequeña y a mediana escala.
La Legalización es un camino Tortuoso
En el año 2007 la Defensoría del pueblo Publicó un informe sobre la minería de hecho. En él se mostró que aproximadamente 50 minas de cada 100 no tenían titulación, y que las familias que dependían de la minería informal se estimaban en 50 mil distribuidas en unas 3600 minas.
El estudio calificó también como un"fracaso" los procesos de legalización adelantados por el gobierno. De 3.631 solicitudes de legalización, sólo se perfeccionaron 23 contratos de concesión. El gobierno presiona a los mineros informales sin ofrecerles programas de formalización serios.
De esta manera, los mineros artesanales deben afrontar simultáneamente persecuciones judiciales y de grupos armados
En este sentido, para los mineros es lógico exigir que el gobierno incorpore en normas y leyes algún proceso de legalización cuyos requisitos atiendan la realidad minera. Especialmente los diferentes tipos de minería y la escala en la que se desarrollan. La complementación de este procedimiento debe contar con la participación de los mineros informales.
La pequeña y mediana minería vs la minería Transnacional
El Banco Mundial es dueño de un 5% de las acciones de la minera Transnacional Anglogold Ashanti. En el año 1990 el mismo Banco recomendó al gobierno de Cesar Gaviria reformar su política minera. La primera gran decisión de la reformada política minera consistió en prohibirle al Estado colombiano su participación en la explotación, producción y comercialización de los recursos mineros. Así, el Estado Colombiano se convirtió en rentista y no contó con ninguna oportunidad para intervenir en el mercado minero.
La segunda decisión de aquella política minera fue definir al capital extranjero como principal actor del sector minero, es decir que la nueva función de gobierno sería la de proveer mejores condiciones para la inversión foránea.
Cuando Juan Manuel Santos justificó su nuevo código minero, hizo mención sobre un caso particular de especulación económica con títulos mineros. El primer mandatario se escandalizó porque un nacional vendió sus derechos sobre una zona minera a una multinacional del carbón en una suma de dinero gigante. La zona titulada se caracterizaba por estar ubicaba en medio de dos áreas extensas propiedad de la misma Minera que hasta antes de la venta impedían su expansión.: http://tinyurl.com/ob9m8lh).
El presidente consideró inaceptable este tipo específico de especulación en contra de las multinacionales, por ello justificó un endurecimiento de los requisitos necesarios para entregar títulos mineros. Los derechos mineros serian entonces entregados a personas que demostraran capacidad económica y vocación minera a gran escala. De ahí que las nuevas disposiciones para adquirir un título minero serian de difícil acceso para la mayoría de pequeños y medianos nacionales.
Al igual que la modificación del código minero, la existencia de la autoridad nacional de licencias ambientales fue creada como una entidad encargada de reducir los tiempos de licenciamiento de proyectos mineros. La consulta previa de las comunidades nativas -requisito vital para una licencia- duraban entre 2 y 4 años, sin embargo, el gobierno quiso que este trámite con las comunidades durara 6 meses.
En este orden, el gobierno impone todo el poder del Estado al servicio de los problemas de la gran minería, mientras los mineros pequeños y medianos entran en paro para presionar al gobierno la no desaparición de esta actividad en pequeña escala, máxime cuando la minería artesanal, pequeña y mediana, están representando la actividad económica del 45% de los municipios del país.
La minería el Valle del Cauca merece trato especial
La agremiación de mineros del Valle del Cauca ha estimado que de 377 unidades productivas, 202 no cuentan con titulación. Estas unidades mineras están ubicadas en los municipios de Ansermanuevo, Cartago, Caicedonia, Zarzal, Roldadillo, Bolívar, Bugalagrande, Tulúa, Ginebra, Vijes, Yumbo, Buga, Dagua, Cali, Jamundí, El Dovio y Buenaventura.
El área que cubre las unidades mineras se superponen en una buena parte del parque nacional los farallones de Cali, como también parte de los ríos Naya, Yurumanquí, Anchicayá, Dagua, Casambre, Calima, Dovio,Vueltos y Garrapatos, el Desbaratado, Frailes, Nima, Amaime,Zabaletas, Sonso, Tuluá, Bugalagrande, Guadalajara, La Vieja, Timba y Cali.
Puesto que la ley 685 de 2001 fracasó en el Departamento -de 298 solicitudes de la legalización al menos 146 fueron negadas- es urgente que las actividades mineras sean legalizadas y se acuerde un acompañamiento técnico y social que garantice el mínimo impacto ambiental.
El caso del corregimiento del corregimiento de Zaragoza, Municipio de Buenaventura.
En abril de 2010, el Juez Segundo Administrativo de Buenaventura decretó un cese inmediato de la explotación minera mecanizada en el medio y bajo atrato. De igual forma, en julio del mismo año, la autoridad ambiental del valle (CVC) declaró el estado de emergencia de los ríos Dagua y Anchicayá.
Sin embargo, las explotaciones mineras persisten. Según la información periodística los dueños de la maquinaria pesada se desplazaron al Cauca. Los mineros que se quedaron son los pequeños y medianos nativos del departamento y se instalaron en la zona con sus familias. El Departamento y la Nacion deben darles soluciones a los pequeños y medianos mineros que no tienen otras opciones de subsistencia. (http://goo.gl/ZPMItY)
En conclusión, tanto los mineros del valle,como los mineros artesanales de Colombia piden que se les legalice pero que no se les exija lo mismo que a las grandes multinacionales, y esa solicitud central es lo que hace que el paro declarado desde el pasado 17 de julio, haya sido la unica salida justa y necesaria.
Centro de Estudios del Trabajo, CEDETRABAJO VALLE, Cali 22 de Julio.
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