Por FRANCISCO TORRES MONTEALEGRE
Empezando por que el Gobierno de Uribe le pusiera el rimbombante nombre de "estatuto de la profesionalización docente", que su ministra de educación, María Cecilia Vélez White, a renglón seguido lo santificara como patrimonio de Colombia y que Santos y sus ministras, María Fernanda Campos y Gina Parody, recorrieran emisoras, programas de televisión y salas de redacción cantando sus maravillas; el Decreto Ley 1278 se le ha vendido al país y a los maestros, reiteradamente y en todas las presentaciones imaginables, como la receta infalible, entre otras cosas, para alcanzar lo que ellos consideran que es o representa o finge ser la "excelencia docente". Pues bien, veamos si tanta propaganda gubernamental resulta ser cierta o es un engaño más de los muchos que se propalan desde la Casa de Nariño.
De cada 10.000 educadores en el decreto 1278 hay 4 maestros con doctorado. Después de trece años de existencia del 1278 este es un resultado tan ínfimo y vergonzoso que no sé cómo el gobierno santista pudiera atreverse a presentarlo como triunfo de su gestión. Sigamos: por cada cien maestros hay 8,16 con maestría ¿En eso fincan Santos y Parody su política educativa? ¿Lo que se escribió en el propio estatuto sobre grandiosos sueldos ha atraído a magister y doctores o más bien los ha alejado?
En cuanto al examen escrito de la evaluación de competencias como medio de ascenso, de "movilidad social" en la jerga post moderna, que defendieron con sofismas en las discusiones políticas y académicas, y con represión en los colegios y las calles, las cifras los desmienten por completo. Empezando porque de cada cien maestros 12,5 educadores están en la categoría 1 y 83,4 en la 2, mientras apenas hay 4 en la categoría 3, ¿de cuál movilidad presumen?
De 100 maestros en la 1 hay 88,87 retenidos en la1A. De 100 en la 2 se tienen 75,97 en la 2A. En cuanto a la 3, de cada 100 educadores 54,4 siguen en la 3A.
Vayamos a la reubicación salarial. Apenas 50 docentes de 19.228 (0,26%) de la categoría 1 están en la 1D. En la categoría 2 también reina la inmovilidad: 1.360 maestros de los 128.214 están en la 2D (1,06%). Para la 3 el panorama es similar: de 6.224 apenas han ascendido a la 3D 438 maestros (7,03%) ¿con esos porcentajes, dónde queda la alharaca presidencial sobre las bondades de su 1278 y su examen de competencias?
El magisterio acierta entonces a dirigir su lucha a desnudar y enfrentar tal estado de cosas. Por ello el paso dado en la negociación de mediados del 2013 de alcanzar un sobre sueldo para los que estando en la Categoría 2 y teniendo título de maestría o doctorado no hayan podido ascender a la 3 por la tal evaluación escrita fue un paso en la dirección correcta, de tal manera que 6.389 maestros con maestría se benefician del aumento adicional del 15%.
El acuerdo del año pasado derrotó el examen escrito y los sustituyó por la evaluación con carácter diagnostico formativo. Es un avance importante. Veamos por qué: el Gobierno controlaba todas las variables: elaboraba el examen, vigilaba su presentación y calificaba sus resultados, con los resultados que arriba se reseñaron, y contestaba como le parecía las reclamaciones elevadas. Ahora el maestro prepara y desarrolla su clase para el video, diseña los mecanismos de evaluación de los estudiantes y es evaluado por sus pares. También, para los que nunca han podido ascender a pesar de haber presentado la evaluación una o más veces, en el caso de no pasar la actual evaluación diagnostico formativa cuentan con realizar un curso. Este último se está discutiendo en la comisión de seguimiento.
En síntesis, se le quitó al Estado el control férreo del proceso y se consiguieron condiciones de garantías en la prueba. Lo que no significa que con la firma del acuerdo y la promulgación de las normas esté resuelto todo. La experiencia le ha enseñado al magisterio: una primera lucha para que el Gobierno acepte negociar, una segunda para que se dé un acuerdo y una tercera para que se cumpla. Estamos en esa tercera fase. Las dificultades presentadas para subir el video para quienes escogieron la auto grabación; la inasistencia de los camarógrafos para los que escogieron camarógrafos profesionales asignados por el Ministerio; y las trabas puestas a los pares evaluadores son imputables de manera directa a decisión o improvisación del Gobierno Nacional. Por eso continúa la discusión en la mesa de seguimiento, de cuyos resultados todos debemos estar atentos y prestos a dar la batalla.
En cuanto a los que ya ascendieron y los que no pudieron presentarse a la prueba de ascenso por no tener dos evaluaciones de desempeño a la mayor brevedad debe expedirse el correspondiente acto administrativo para que comience el proceso de la evaluación diagnóstica formativa.
No obstante todavía hay quienes acarrean caña al trapiche de Santos al pedir que vuelva el examen escrito. Tal actitud debilita y confunde al gremio mientras le da alas al gobierno. Qué más no querría el presidente que volver al pasado. Qué papayazo no se le pondría para que profundizara su política contra los maestros. No ignoremos que sí por catastróficos que son los resultados de la evaluación de competencias no decidiera Santos, en medio de la crisis fiscal que vive el Estado, darle otras vueltas de tuerca a la prueba escrita para que no pasara prácticamente nadie.
El magisterio colombiano se movilizará el próximo jueves 17 de marzo en el paro nacional convocado por las centrales sindicales y los sectores políticos contra la política social y económica de Santos de entrega de la soberanía nacional con los TLC; de destrucción de la producción industrial y agropecuaria; del asalto al patrimonio público como se da en los emblemáticos casos de ISAGEN y REFICAR, los que se preparan contra ETB y ECOPETROL, y la privatización de la salud y educación públicas; la reforma tributaria y las ya anunciadas y regresivas reformas tributaria y pensional, y la situación dramática de los niños que mueren de hambre. Además, en particular, para la educación y los educadores está la lucha por una reforma constitucional que garantice el crecimiento y seguridad de los recursos para la educación pública; por unos servicios médicos dignos; por una verdadera jornada única y no el fraude que impulsa el gobierno; y por el respeto de los derechos laborales.
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