Darío Arenas Villegas, La Patria, Manizales, octubre 16 de 2014
A 3 años de su creación, la Mesa Amplia Nacional
Estudiantil MANE ha convocado a una jornada de movilización hoy jueves
16 de octubre, en rechazo al Acuerdo por lo Superior 2034, para reclamar
el pago de la deuda histórica del Estado con las universidades públicas
y para exigir que se garantice la democracia y la autonomía al interior
de las Alma Máter.
Sin lugar a dudas, el detonante de las nuevas movilizaciones ha sido el proyecto de política pública de educación superior presentado por el Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional de Educación Superior CESU. El mal llamado acuerdo posee las mismas características de la ley 30 de 1992 y de la derrotada propuesta de reforma de Juan Manuel Santos de 2011. La profundización de la desfinanciación estatal en las instituciones públicas, la promoción de la educación privada como eje del sistema y el impulso al crédito educativo como la principal herramienta para el acceso a la educación superior, son los ejes del proyecto.
Hoy, el Estado solo aporta el 52,6% de los recursos de las instituciones públicas. En el caso de Manizales, la Universidad de Caldas debe recaudar el 38% de sus recursos con fuentes propias, mientras la Universidad Nacional debe hacerlo en un porcentaje del 50%. La obtención de recursos propios implica, entre otras medidas, la venta de servicios, el alquiler de espacios, el recorte en el gasto de las instituciones y el cobro de matrículas, cuyos costos llegan a ser -en algunos casos- mayores que en las universidades privadas de la región.
Por otro lado, el impulso a la educación privada es innegable. Según datos del Ministerio de Educación, hoy existen en el país 201 Instituciones de Educación Superior privadas frente a 81 públicas. Entre el año 2000 y el 2008 se crearon 27 nuevas instituciones privadas, mientras las públicas solo se incrementaron en 2. En Manizales el reflejo es palpable, al existir solo 2 universidades públicas frente a 5 privadas y un gran número de instituciones técnicas y tecnológicas con el mismo carácter. Los gobiernos de los últimos 20 años han hecho inviables las instituciones públicas con el fin de que avance a pasos agigantados la educación privada.
Finalmente, el impulso al crédito educativo ha desbordado cualquier expectativa. El número total de créditos que hoy otorga el Icetex -institución convertida en entidad financiera especial desde 2005- es de 172.238, entre pregrado, postgrado y estudios en el exterior (Informe de Gestión del Icetex, 2013). El 80% de estos créditos se destinan a la educación privada y el 94% de la población con crédito educativo en pregrado pertenece a estratos 1, 2 y 3, lo que significa que los deudores son en su mayoría personas de bajos recursos y sin posibilidades de acceso a la educación pública, como puede observarse en la mayoría de las universidades privadas de Manizales, en las que los estudiantes y sus familias realizan esfuerzos crediticios enormes para poder obtener un título de educación superior. Con una cartera de 2,75 billones de pesos en el Icetex, Colombia parece ir por la senda de Estados Unidos, donde, según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, aproximadamente 706.000 personas mayores de 65 años, aún están pagando sus deudas estudiantiles (BBC Mundo, 16 de octubre de 2014).
La solución a la crisis de la educación superior requiere voluntad política y aspiraciones de desarrollar genuinamente a Colombia. El pago de la deuda histórica con las universidades, el financiamiento pleno de la educación superior pública por parte del Estado y las garantías democráticas y de autonomía que requieren nuestros centros de educación, son elementos que hacen parte de la propuesta de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que el gobierno se ha negado a discutir.
Por eso hoy, al igual que miles de estudiantes en las calles del país, gritaré con dignidad: ¡Soy estudiante!
Sin lugar a dudas, el detonante de las nuevas movilizaciones ha sido el proyecto de política pública de educación superior presentado por el Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional de Educación Superior CESU. El mal llamado acuerdo posee las mismas características de la ley 30 de 1992 y de la derrotada propuesta de reforma de Juan Manuel Santos de 2011. La profundización de la desfinanciación estatal en las instituciones públicas, la promoción de la educación privada como eje del sistema y el impulso al crédito educativo como la principal herramienta para el acceso a la educación superior, son los ejes del proyecto.
Hoy, el Estado solo aporta el 52,6% de los recursos de las instituciones públicas. En el caso de Manizales, la Universidad de Caldas debe recaudar el 38% de sus recursos con fuentes propias, mientras la Universidad Nacional debe hacerlo en un porcentaje del 50%. La obtención de recursos propios implica, entre otras medidas, la venta de servicios, el alquiler de espacios, el recorte en el gasto de las instituciones y el cobro de matrículas, cuyos costos llegan a ser -en algunos casos- mayores que en las universidades privadas de la región.
Por otro lado, el impulso a la educación privada es innegable. Según datos del Ministerio de Educación, hoy existen en el país 201 Instituciones de Educación Superior privadas frente a 81 públicas. Entre el año 2000 y el 2008 se crearon 27 nuevas instituciones privadas, mientras las públicas solo se incrementaron en 2. En Manizales el reflejo es palpable, al existir solo 2 universidades públicas frente a 5 privadas y un gran número de instituciones técnicas y tecnológicas con el mismo carácter. Los gobiernos de los últimos 20 años han hecho inviables las instituciones públicas con el fin de que avance a pasos agigantados la educación privada.
Finalmente, el impulso al crédito educativo ha desbordado cualquier expectativa. El número total de créditos que hoy otorga el Icetex -institución convertida en entidad financiera especial desde 2005- es de 172.238, entre pregrado, postgrado y estudios en el exterior (Informe de Gestión del Icetex, 2013). El 80% de estos créditos se destinan a la educación privada y el 94% de la población con crédito educativo en pregrado pertenece a estratos 1, 2 y 3, lo que significa que los deudores son en su mayoría personas de bajos recursos y sin posibilidades de acceso a la educación pública, como puede observarse en la mayoría de las universidades privadas de Manizales, en las que los estudiantes y sus familias realizan esfuerzos crediticios enormes para poder obtener un título de educación superior. Con una cartera de 2,75 billones de pesos en el Icetex, Colombia parece ir por la senda de Estados Unidos, donde, según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, aproximadamente 706.000 personas mayores de 65 años, aún están pagando sus deudas estudiantiles (BBC Mundo, 16 de octubre de 2014).
La solución a la crisis de la educación superior requiere voluntad política y aspiraciones de desarrollar genuinamente a Colombia. El pago de la deuda histórica con las universidades, el financiamiento pleno de la educación superior pública por parte del Estado y las garantías democráticas y de autonomía que requieren nuestros centros de educación, son elementos que hacen parte de la propuesta de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que el gobierno se ha negado a discutir.
Por eso hoy, al igual que miles de estudiantes en las calles del país, gritaré con dignidad: ¡Soy estudiante!
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