Esta multinacional estadounidense opera
en Colombia desde 1995. Ingresó por La Jagua de Ibirico y Chiriguaná y
después “ocupó” los territorios de Becerril y Codazzi. Según cifras de
la compañía, registra más de 2 billones de toneladas de reserva en los
proyectos La Loma, El Descanso, El Rincón Hondo, Similoa y Cerrolargo,
todos en la costa caribe; y vende aproximadamente 29 millones de
toneladas de carbón cada año, de las cuales 25 millones se “extraen” en
Colombia.
Señala en su página web
que como compañía establecida en Colombia, el compromiso por este país
es firme. ¿Y cómo no podría serlo sí más del 90% del carbón que exporta
lo obtiene de nuestro suelo?
A la Drummond la puso en
evidencia en febrero de 2013 el periodista samario Alejandro Arias,
quien hizo públicas las imágenes sobre el derrame de carbón en la
ciénaga de Santa Marta. Por esta razón, la multinacional deberá pagar a
la nación una multa de 3.5 millones de dólares, que viene dilatando con
tretas legales. Al mismo tiempo, enfrenta sanciones por el
incumplimiento de la construcción de un puerto de cargue directo, que
debería empezar a operar el 1 de enero del 2014.
Es decir, una compañía cuyas actividades
han generado y generan graves efectos socio ambientales. De esta
manera, se diluye su discurso respecto al compromiso que tiene con el
país.
En mayo del 2006, Luis Ernesto Mejía,
Ministro de Minas y Energía, presentó al país el Plan Nacional de
Desarrollo Minero y Política ambiental Visión Colombia 2019. Por un
lado, en este Plan fijó hacer de Colombia un país minero, lo que supone
la exploración y explotación total de las riquezas naturales para
alcanzar el desarrollo económico y social que tanto se necesita. Si
bien, la actividad minera es de larga data, el boom minero
extractivo creció vertiginosamente en la última década, escenario que
conllevó a trazar una normatividad ambiental que puso al país como
territorio “encantador” para la entrada de grandes multinacionales. En
el 2009, la Drummond inicia la explotación de su segundo proyecto.
Y
de otro lado, en términos tributarios so pretexto de crecer la
competitividad de Colombia se esbozaron reglas favorables para los
inversionistas extranjeros. Se tasaron regalías más bajas que en la
década de los 90 y los impuestos fueron reducidos, llegando incluso a
superar el monto de las regalías que se quedan en Colombia.
El
incremento en la explotación y exportación de minerales es ascendente y
por ello el pago de regalías al Estado debe ser semejante. Según cifras
del Dane, la explotación de carbón pasó de 43 millones de toneladas, en
2001, a 67 millones de toneladas a noviembre de 2013.
Visto así, las consecuencias del boom
minero en materia de regalías sería la de un gran desarrollo en materia
de infraestructura, en calidad de vida, en salud, educación, recreación
y cultura para los habitantes de las regiones mineras y del resto del
país. La realidad es otra, al lado de estos megaproyectos encontramos
pueblos miserables y territorios arrasados, al mismo tiempo con las
regalías los gobernantes de turno siguen practicado el deporte favorito:
politiquería y corrupción.
El
debate hoy es sí la multinacional finaliza el cargue de carbón en
barcazas se dejaría de exportar alrededor de US$516 millones que
afectarían las regalías que percibiría el país. La pregunta es ¿Qué es
mejor: permitir a la Drummond continuar
con el cargue de carbón en barcazas, exponiéndose a un nuevo accidente
ambiental, o resignarse a recibir las insignificantes regalías por la
exportación del carbón? Ni lo uno ni lo otro, ¡que se vaya! Cabe
igualmente preguntarse si la más reciente sanción contra esta
multinacional es suficiente o se debieron aplicar medidas más
contundentes.
En un reciente artículo publicado en la Revista Semana,
León Valencia la señala como “contaminadora, paramilitar y tramposa”.
De lo contaminadora existen muchas evidencias, el caso de las barcazas
en la bahía de Santa Marta es solo una. De lo de paramilitar, existen
imputaciones por la muerte de tres sindicalistas, asesinados por
paramilitares. Y lo de tramposa, resta señalar que lo cierto es que en
materia fiscal y pago de regalías a la nación las cuentas no cuadran.
Lo
que salta a la vista, con el caso de la Drummond, es que en Colombia no
existe política ambiental y menos aún una institucionalidad -ambiental-
capaz de defender el interés nacional. Ya lo han anunciado expertos
como el exministro Manuel Cipriano Rodríguez Becerra. En política
ambiental el país recorrerá el mismo camino de los tres últimos años, en
los cuales las locomotoras del desarrollo han tenido poco miramiento
con el desarrollo social y la protección de la riqueza natural. Lo que
conllevará al recrudecimiento de viejos conflictos socio ambientales, y
por supuesto el nacimiento de otros.
0 comentarios:
Publicar un comentario