
Argumentos económicos
Aurelio Suárez, economista del Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR), corriente dentro del PDA, argumenta que la exposición de motivos del proyecto de acuerdo para la venta de ETB es mentirosa. Dice que ésta asegura que las telecomunicaciones ya están privatizadas en el mundo pero Suárez pone como ejemplos de empresas de telecomunicaciones estatales a la más grande del mundo, China Mobil, y a la más grande de la India, a la vez que países como Suecia o Suiza tienen una presencia enorme en el control de sus comunicaciones. Asimismo, asevera que los Estados Unidos no permiten que haya inversión extranjera en telefonía básica ni de larga distancia en más de un 25%.
El economista dice que la exposición de motivos miente cuando dice que ETB ha disminuido sus ingresos porque es ineficiente e incapaz ya que «todo el sector de telecomunicaciones de Colombia viene disminuyendo sus ingresos en los últimos cuatro años y la que menos ha disminuido sus indicadores financieros con relación a sus ingresos es ETB; Telefónica y Telmex tienen números negativos y menos liquidez que ETB». Y añade: «Los resultados del año 2010 están viciados por un atentado, el plan de retiro voluntario, que le quitó a la empresa 130.000 millones en su margen neto; si no fuera por eso, la empresa tendría una rentabilidad del 8% y le callaríamos la boca a esta gente».
Según la Contraloría de Bogotá, existieron irregularidades en la asignación de una póliza exequial así como de trabajadores que según el Plan de Retiro Voluntario no tendrían derecho y que fueron incluidos como beneficiarios del mismo. La Contraloría dice que ello ocasionó un presunto detrimento al patrimonio del Distrito Capital en una cuantía de 228 millones de pesos.
El baile de las acciones
En abril 2009 la Alcaldía anunció que ETB buscaba un socio estratégico. Aurelio Suárez denuncia que en ese momento, los accionistas privados cogieron tres millones de acciones con el propósito de valorizarlas si entraba el socio estratégico. El senador Jorge Robledo solicitó al Superintendente Financiero de Bogotá, Gerardo Hernández, que abriera una investigación contra los accionistas privados de ETB por una posible manipulación del valor de las acciones de la empresa.
Esta solicitud está fundamentada en la «enorme volatilidad que en los últimos dos años ha tenido el valor de las acciones de ETB». Así, Robledo explica que cuando se inició el proceso de búsqueda de un socio estratégico, la acción valía 691 pesos; para finales de 2009, el precio subió a 1.300 (un aumento del 188%) y después del fracaso del proceso, las acciones cayeron a 656: «Es probable que al iniciarse el proceso de capitalización-privatización de la ETB se hubiera montado una burbuja especulativa, la cual duplicó el precio de la acción con el propósito de que los accionistas privados pudieran sacarle el máximo provecho a la venta, bastante valorizada, de sus acciones». Aurelio Suárez explica que el socio estratégico nunca apareció porque algunos montaron una burbuja especulativa.
Robledo resaltó que en la bolsa casi nunca se negoció más del 0,5% de las acciones y que el cambio de los precios coincidió con el cambio de “capitalización” a “venta” de las acciones del Distrito. En ese momento esa baja cotización fue un argumento a favor de la privatización que además incidiría en la compra a menor precio de la empresa.
Ética y transparencia
El economista del MOIR enfatizó en que los trabajadores de ETB «se avergonzarían si leyeran en la exposición de motivos los mecanismos que le ofrecen al Concejo de Bogotá para valorar la venta de ETB». Explica que le recomiendan al Concejo que no consulte el verdadero valor real de ETB ni su marca —una de las mejores 50 empresas de Colombia según Suárez— sino que consulte la tasa de retorno y la tasa de interés del capital de quien la va a comprar: «Le dicen al Concejo que este patrimonio tiene que valorarse con los intereses del comprador y no del vendedor con fórmulas financieras que favorecen al inversionista y no al patrimonio bogotano».
Para Aurelio Suárez resulta «coincidencial» que se den tres situaciones: el precio de ETB según la Bolsa de valores es el mismo que dijera hace un año el presidente mundial de Telefónica, César Alierta —que dijo que esa empresa no valía más de 700 millones de euros (2 billones pesos)—, y el mismo que recoge la propuesta de valoración de ETB para el Concejo de Bogotá. «Este es el gran raponazo [acción de arrancar algún objeto contra la voluntad del dueño] en la historia de Bogotá, lo de los Nule es un juego de niños; me extraña que los grandes dueños de la moral, esos señores que hablan de transparencia y ética, que atacaban el carrusel de los Nule no estén acá para evitar el raponazo de las multinacionales», señala Aurelio Suárez.
Las propuestas para que ETB presente informes al Distrito y exista transparencia en su administración y gestión chocan con la Ley 1341 de 2009 —que define principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones—. Es algo que Sintrateléfonos lleva denunciando desde la composición de la Junta Directiva encabezada por Fernando Carrizosa y dominada por los accionistas privados que siempre dicen que los informes son confidenciales. Al respecto, Carlos Velásquez, dice que quien tiene que hacer el control son la Contraloría y la Personería, «pero la administración de esta empresa mixta haciendo uso de la Ley 1341 se rige por la Superintendnecia de Industria y Comercio y así no le tiene que rendir cuentas a ningún ente de control como la Contraloría».
El Título VII de la mencionada ley que hace referencia al régimen jurídico de los proveedores de redes menciona: «Los actos y los contratos, incluidos los relativos a su régimen laboral y las operaciones de crédito de los proveedores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cualquiera que sea su naturaleza, sin importar la composición de su capital, se regirán por las normas del derecho privado».
¿Frenar la privatización?
Uno de los argumentos fuertes que usan sindicatos y concejales del PDA es que ETB transfiere a la Secretaria de Hacienda Distrital 240.000 millones de pesos anuales que financian los proyectos del plan de desarrollo de Bogotá en materia de educación, salud y recreación para toda la ciudad. Fernando Rojas insiste en que si el Distrito vende ETB «sería una tragedia histórica; lo hemos perdido todo ya que además se abriría el paso para la privatización del acueducto de Bogotá».
Pero la realidad es que hace 20 años que todas las alcaldías y partidos en el gobierno distrital han favorecido la privatización de ETB. Carlos Velásquez cree que la solución es conseguir retirar la declaración de socio estratégico de Antanas Mockus de 2003 lo cual sacaría de ETB a los accionistas privados y haría caer la junta directiva. También cree que hay que meter a la Contraloría en el control de la empresa. «Es que no sólo han perseguido a empresas productivas durante 20 años sino que han frenado el proceso para que ETB fuera bien productiva», dice el sindicalista.
Fernando Rojas insiste en que si no se suspenden las sesiones extraordinarias que se tienen que desarrollar entre el 10 de junio y el 29 de julio, «perdemos unos activos que valen 5 billones de pesos y que pretenden venderlos por menos de 1,7 billones». El concejal asemeja la situación a cuando Enrique Peñalosa llegó a la alcaldía tras la venta en 1997 de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (EEB): «Ese dinero quedará para que quien venga siga haciendo cemento y corrupción y se dilapidó esto». Añade que Clara López, «no puede ser idiota útil de eso que puede suceder y si se hace, ella será la responsable política frente a la ciudad». La propuesta de Fernando Rojas es abrir debates en la Comisión de Presupuesto donde Wilson Duarte del PDA tiene la presidencia y abrir un foro permanente donde participen concejales y miembros de organizaciones y la ciudadanía. Además añadió: «Vamos a entablar todas las demandas necesarias, crear una mesa de abogados para demandar cuanto acto suceda; no voy a participar en las Comisiones de Gobierno porque voy a demandar por prevaricato por acción a todos los concejales que participen ahí; tampoco voy a estar en la plenaria que apruebe ese acuerdo y voy a demandar a todos los que participen».

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