Universidades con ánimo de lucro

Guillermo Maya Muñoz

La reforma a la ley de educación superior, propuesta por el gobierno de Santos, clasifica las universidades como públicas, privadas sin ánimo de lucro y privadas con ánimo de lucro. Es decir, se crea esta última modalidad, con el propósito de ampliar el campo a la inversión privada, y para aumentar la cobertura de la educación superior.

El desarrollo de la educación superior moderna descansa en una fuerza laboral cada vez más educada, a niveles cada vez más altos, de maestrías y doctorados, lo que significa costos y salarios crecientes. Si bien, en la universidad colombiana de los años 70, los docentes eran predominantemente profesionales con títulos de pregrado, ahora, por el contrario, en su mayoría son magísteres o doctores (aunque algunos no valen lo que les pagan). En este sentido, el servicio educativo es cada vez más costoso, con el agravante que las tecnologías educativas no logran disminuir los costos unitarios por estudiante, debido a que las mejoras en las tecnologías de la educación no se reflejan en una mayor productividad.

Esto explica por qué razón el presupuesto público de las universidades, que ha crecido al ritmo de la inflación con la ley 30 de 1992, se ha quedado rezagado con la necesidad de modernizar las plantas profesorales. Si bien, el salario base crece con la inflación, aquella parte variable del salario que está determinado por productividad, libros artículos, etc., logra que los salarios crezcan por encima de la tasa de inflación. El mismo fenómeno se presenta en las universidades privadas de elite, que no hacen ahorros en la calificación del personal docente.

Si se quiere disminuir los costos de la educación sería necesario aumentar el tamaño de los salones y de alumnos atendidos por profesor, algo que se puede hacer hasta cierto punto, pero con la limitante de disminuir la calidad del servicio, y el descuido de las actividades misionales de la investigación y la extensión (aunque esta última se ha convertido en un jugoso negocio para ciertos empresarios “docentes” en las universidades públicas).

¿Pero es mala la inversión privada con ánimo de lucro en la educación superior? ¿Los motivos de la rentabilidad y de la ganancia impedirán una educación de calidad? El motivo central de la inversión privada en cualquier ramo de la actividad económica es la ganancia, una ganancia acorde al capital invertido, tal y como cualquier capital rentabilizaría en cualquier otro ramo, como mínimo.

El capital privado, en una actividad intensiva en fuerza de trabajo calificado como la educación, tratará de flexibilizar los costos, de disminuirlos, contratando profesores hora cátedra (La ley liga el costo hora cátedra al salario mínimo y por lo tanto al costo de vida), como lo hacen sobre todo las universidades privadas más malas. Y ahí está el problema, la calidad. Se gastará mucho dinero en mercadeo, medios y salarios de los ejecutivos universitarios, se pondrán nombres de famosos profesores nacionales y extranjeros en las webs de las universidades privadas, para atraer a los “consumidores”, pero en realidad las clases las darán instructores sin mayores calificaciones y desempeño, y se recurrirá cada vez más a los cursos online que desplazarán los cursos presenciales. Por otro lado, las universidades de franquicias (Donald Trump University), harán su aparición, para captar incautos y desprevenidos.

Además, las universidades privadas privilegiarán los programas académicos que no tengan un componente grande de laboratorios y experimentación, y se dedicarán a las carreras de tiza y tablero: derecho, economía, administración, etc.

En EEUU, las universidades privadas con ánimo de lucro tienen la más baja tasa de graduación, con 22% de sus estudiantes, frente a 55% en las públicas, y las más altas tasas de deserción.

Un país que deje la educación superior en manos de especuladores no tiene futuro.